La principal razón detrás de la lentitud en el sistema judicial, según el 43% de los encuestados en un estudio de Economist & Jurist, es la percepción de un «insuficiente trabajo en los juzgados». Le sigue de cerca la falta de recursos de la Administración de Justicia, con un 36%. Solo un 8,7% atribuye la demora a la escasez de jueces o falta de personal en los juzgados.
En cuanto a la responsabilidad, el 45% señala al Gobierno como el principal responsable, seguido por los funcionarios de los juzgados con un 24%, y los letrados judiciales con un 16,9%. Apenas el 7% culpa a los jueces, y solo el 0,6% considera a los abogados responsables. La mayoría (70,3%) no cree que un cambio de Gobierno mejore la situación, mientras que el 15% tiene una perspectiva positiva al respecto.
La encuesta revela que las huelgas de letrados judiciales y funcionarios son percibidas como factores significativos que contribuyen a la situación actual de la Justicia, obteniendo una calificación promedio de 7,7 en una escala del 1 al 10, con el 64% de los participantes dando respuestas superiores a 8.
En cuanto a las consecuencias de la lentitud, el 27,9% ha experimentado retrasos en sus casos judiciales de más de dos años. La mayoría ha enfrentado demoras de entre uno y dos años (32,6%). Las consecuencias más citadas incluyen el menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva (41,3%), la pérdida de credibilidad de la Justicia (29,7%), y el daño a la actividad económica (13,4%).
El panorama futuro no parece prometedor para la mayoría de los encuestados, ya que el 96,5% no cree que los atascos en los tribunales se resuelvan pronto. La encuesta, en la que participaron alrededor de 200 personas, revela que el 87,8% son abogados y el 83,1% tienen entre 46 y 65 años.