Empiezan a ser numerosas las resoluciones judiciales de los Juzgados de Primera Instancia y de segunda instancia que dan la razón a los afectados por la quiebra (resolución) de Banco Popular.
La única excepción la encontramos en Cantabria y Asturias, donde las Audiencias Provinciales han adoptado un discutido acuerdo por el que se niegan a reconocer a los afectados por la quiebra del Banco Popular el derecho a que se les restituya el importe de su inversión. Curiosa, o sospechosamente, este acuerdo se ha adoptado en la tierra en la que tiene su sede y domicilio el Banco Santander, que es quien absorbió a Banco Popular y, por tanto, que es quien tiene que indemnizar a los inversores de Banco Popular.
Hecha esta introducción, nos interesa hoy hablar de los intereses que se pueden reclamar judicialmente, pues, cuando un afectado reclama, puede reclamar no sólo el principal de la inversión que perdió, sino también los intereses legales de esa inversión (generalmente un 3%). Pero hay que fijar con acierto el día desde el que se reclaman esos intereses legales.
Cuando se opta por la vía de ejercitar una acción de anulabilidad por error y/o vicio del consentimiento basada en el artículo 1.303 del Código Civil, se pueden reclamar los intereses legales del total importe de la inversión desde la fecha de la inversión. Pero debe quedar claro que esta acción, la de anulabilidad, sólo puede ejercitarse respecto de las compras realizadas en el mercado primario, esto es, respecto de compras de acciones en la ampliación de capital. Así lo indicó el Tribunal Supremo en el año 2019 resolviendo un recurso del “caso Bankia”.
Cuanto se opta por ejercitar una acción de responsabilidad o resarcimiento de daños y perjuicios, basada por ejemplo en los artículos 38 o 124 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, los intereses sólo pueden reclamarse desde la fecha de la interposición de la demanda o, si se hizo, desde la fecha de la reclamación extrajudicial.
Es importante especificar en las demandas judiciales el momento desde el que se reclaman los intereses legales de la inversión pues, si no se fija correctamente ese momento, se corre el riesgo de no recuperar los intereses.
Por ello conviene estar siempre asesorado por abogados que entiendan el fundamento de sus reclamaciones y las hagan valer con propiedad y corrección.
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