Entra en vigor desde el 1 de enero de 2021 la nueva normativa aprobada por el Gobierno el pasado mes de julio para la comercialización de las tarjetas revolving que obliga a un control mayor de la comercialización de este producto financiero. Debemos recordar que estas tarjetas fueron calificadas por el Tribunal Supremo el pasado marzo como “usura”.
Estas tarjetas que ofrecían dinero al momento a cambio de cómodas cuotas mensuales eran en realidad créditos con unos intereses que de media eran del 24%, alcanzando en algunos casos el 27%.
Hasta ahora, en la contratación de estas tarjetas esta información se ocultaba a los clientes. Pero con la nueva normativa esto ya no podrá ser así. La nueva Ley obliga a las entidades que comercializan este producto financiero a ofrecer información clara y precisa sobre sus condiciones y características, tanto en el momento de la contratación como de forma periódica, hasta la cancelación de las mismas.
Además de este cambio, la nueva normativa también exige a las entidades realizar un examen previo de los clientes para comprobar la capacidad de pago de las obligaciones que asumen, deben permitir una amortización anual de un mínimo del 25% y deben informar al Banco de España de aquellos clientes que tengan créditos superiores a 1.000 Euros.
Con todas estas medidas se busca tener mayor control sobre este producto financiero de riesgo para corregir su incorrecta comercialización y gestión puesto que dada su facilidad de adquisición las tarjetas revolving suponen más del 26% del total de las deudas de crédito al consumo.
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