Primera sentencia en España que condena a Triodos Bank a devolver 45.000 € invertidos en CDA
El Juzgado de Primera Instancia de Pamplona dictó su primera sentencia en España, permitiendo a un consumidor minorista de Navarra invertir su dinero en un certificado de depósito de acciones (CDA) de la entidad física Triodos Bank.
La sentencia, de 29 de julio de 2022, estima íntegramente la demanda por nulidad en error en el consentimiento.
¿Qué es el Certificado de Depósito de Ahorro o CDA?
El Certificado de Depósito de Ahorro o CDA es una opción para personas que buscan rendimientos atractivos para su dinero y así cumplir con los propósitos relacionados con el ahorro y el cuidado de la salud financiera. Este producto es conocido también como un instrumento de depósito a plazo puesto que es una herramienta de ahorro de bajo riesgo que ofrece atractivos rendimientos con base en el plazo y monto invertido, con pago de intereses periódicamente.
El caso de las CDA
Tras una fuerte campaña de marketing por parte de la entidad demandada y la apertura de una oficina en la localidad donde ahora vive la demandante, en septiembre de 2019, los usuarios afectados iniciaron suscripciones a 61 CDA a 82 €, por lo que pagaron la cantidad total de 5.200 €. Un año después, en noviembre de 2020, la mujer de claro perfil retail compró otros 477 CDA por 84€, pagando un total de 40.068€.
El banco no ha probado que informase al cliente de la naturaleza y riesgos del producto
En su escrito de demanda, la actora argumentó que la orden de suscripción debe entenderse anulable por error (negación del consentimiento). los artículos 1261 y siguientes del Código Civil, con los efectos previstos en el art. 1301 y Consistente, considerando que la entidad demandada incurrió en un error necesario y excusable por falta de información suficiente para conocer la verdadera naturaleza y naturaleza del contrato y los riesgos del contrato.
La demandante alegó que no fue informada adecuadamente de la naturaleza y riesgos de un producto que a la postre resultaba ser complejo y de alto riesgo
Ahora bien, el Magistrado del Juzgado de Primera Instancia de Pamplona estimó la mencionada pretensión accesoria de la demandante de que la orden firmada era relativamente nula o revocable, y declaró nula la compra del CDA.
En este caso, el juzgado de primera instancia tuvo en cuenta que se realizaron dos compras, la primera en 2019 y la segunda en 2020, y si bien la prueba de conveniencia la hizo el banco, la de idoneidad no. , teniendo en cuenta la información insuficiente proporcionada con el análisis de riesgo del producto entregado.
La reciente sentencia afecta a los productos complejos a los que nos enfrentamos y que no son los mismos que defiende la entidad.
Por otro lado, en cuanto a la obligación de los bancos de notificar oportunamente a los clientes, la sentencia recuerda una inversión de la carga de la prueba, ya que las entidades deben demostrar el cumplimiento de sus obligaciones de información conforme a las normas del mercado. en tu sugerencia. En consecuencia, «los demandados no cumplieron, como mínimo, con su obligación de demostrar que el demandante tenía una comprensión adecuada de la naturaleza y los riesgos del producto de una manera específica», concluyó el magistrado que la compra de CDA fue incorrecta. O viceversa, cuando el consentimiento se formalice en el mismo, todos los fondos invertidos deberán ser devueltos al cliente junto con el interés legítimo generado. Además, condenó a Triodos Bank al pago de las costas procesales.
La sentencia de referencia no es firme
La sentencia de referencia no es firme y Triodos Bank recurrirá ante la Audiencia Provincial de Navarra. Aunque “es bueno que haya un primer veredicto en España a favor del cliente, pero se debe ser cautelosos ya que nos enfrentamos a un largo camino, como es el caso de nuestra defensa de otros productos complejos. Asimismo, Socios como la plataforma de reclamos CDA de Triodos Bank concluyeron que la prioridad o algo similar sería que los tribunales provinciales finalmente establecieran o unificaran los estándares, o incluso que la Corte Suprema dictaminara en última instancia.
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